Se traba el acuerdo comercial Argentina – Estados Unidos: impacto para el comercio exterior

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El Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) firmado entre Argentina y Estados Unidos el 5 de febrero de 2026 se encuentra en una encrucijada que paraliza su implementación. El intento del gobierno argentino por renegociar las condiciones originales fue rechazado por la administración estadounidense, dejando en un limbo operativo a cientos de posiciones arancelarias que iban a beneficiarse de cuotas preferenciales y reducciones tributarias.

Para los operadores de comercio internacional, esta pausa significa que las reglas de juego aduaneras actuales se mantienen vigentes. Las proyecciones de exportación de carne y productos agrícolas, así como la importación de insumos clave con arancel reducido, quedan condicionadas a la resolución de un complejo escenario legislativo y judicial.

¿Qué ocurrió con el tratado ARTI?

El gobierno argentino solicitó reabrir las negociaciones del acuerdo debido a la falta de consenso necesario en el Congreso Nacional para ratificar el tratado. Sin esta validación legislativa, las concesiones mutuas firmadas por los poderes ejecutivos no pueden entrar en vigor legalmente en el país.

Ante este pedido, la administración estadounidense declinó la posibilidad de modificar los términos ya pactados. Según fuentes diplomáticas en Washington, acceder a una renegociación sentaría un precedente perjudicial, habilitando a otros países en situaciones similares a exigir revisiones de sus respectivos tratados bilaterales.

¿Qué significa este bloqueo y qué rol juega la Justicia de EEUU?

Más allá del obstáculo parlamentario en Argentina, el acuerdo enfrenta un desafío jurídico de gran magnitud en su país de origen. El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo que declaró ilegal el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para la imposición de ciertos aranceles, argumentando una extralimitación de las facultades del Poder Ejecutivo.

Dado que el tratado bilateral se estructuró originalmente bajo el paraguas de esta normativa, el fallo generó incertidumbre legal sobre la validez técnica de las reducciones y beneficios arancelarios comprometidos. Esta inconsistencia jurídica fue uno de los argumentos técnicos esgrimidos por Argentina para solicitar la revisión del texto.

¿Cómo puede impactar en el comercio exterior?

La suspensión de la entrada en vigencia del acuerdo retrasa la aplicación de beneficios clave diseñados para dinamizar el intercambio comercial bilateral. El pacto original estipulaba un cambio radical en la estructura de costos para múltiples sectores productivos:

• Exportaciones hacia Estados Unidos: Eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos y una apertura preferencial para el sector cárnico (100.000 toneladas anuales iniciales, con un incremento de 80.000 toneladas extra durante 2026). Además, contemplaba el compromiso de revisar las barreras vigentes sobre el acero y el aluminio nacional.
• Importaciones hacia Argentina: Supresión total de aranceles para 221 posiciones arancelarias y una reducción al 2% para otras 20 posiciones vinculadas a autopartes estratégicas. También se establecían cuotas específicas para el ingreso de vehículos y productos agrícolas estadounidenses.
• Financiamiento e inversión: Respaldo oficial de la Casa Blanca para apalancar proyectos en sectores críticos argentinos mediante la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC) y el Banco de Exportaciones e Importaciones (EXIM Bank).

¿Qué deberían tener en cuenta las empresas?

Ante este escenario de indefinición, las empresas importadoras y exportadoras deben operar bajo el esquema arancelario tradicional y evitar la proyección de costos de nacionalización basados en las tarifas del tratado ARTI.

Es fundamental mantener actualizados los certificados de origen y continuar explorando las preferencias vigentes bajo otros esquemas, sin comprometer contratos de provisión a largo plazo basados en las cuotas de 2026 que hoy se encuentran suspendidas. El monitoreo constante de los despachos de aduana y el asesoramiento legal especializado serán vitales hasta que ambos gobiernos encuentren una salida legislativa o técnica que destrabe la situación.